CAUSA MEDINA: FUNCIONARIOS PROVINCIALES COMPROMETIDOS POR UN ACTA POLICIAL

Según el documento, realizado el día del crimen del presunto jefe narco, los funcionarios del Ministerio de Gobierno se presentaron ante la Policía enviados por el ministro Lamberto y manipularon la Macbook antes de consultar a la jueza a cargo. El acta desmiente la versión del Ejecutivo provincial que se excusa con una supuesta orden de la Justicia para acceder a la computadora.

Por: INFOnews

  

    

Javier Echaniz (derecha de la foto) junto al gobernador Bonfatti y el ministro de Gobierno, Rubén Galassi.

Según los documentos oficiales, el subsecretario de Tecnología del Ministerio de Gobierno Javier Echaniz desbloqueó el equipo informático antes de la presunta orden telefónica de la jueza a través del secretario de su juzgado. Además consta que el segundo de Echaniz, Martín Degrati, “realizó un respaldo completo del directorio raíz en formato comprimido” y que fraccionó los datos por si fuera necesario “copiarlo a un medio de almacenamiento de menor tamaño que el archivo en cuestión”.

El día del crimen del presunto narco Luis Medina y su novia Justina Pérez Castelli, el pasado 29 de diciembre pasado, el subcomisario Nicolás Martín Llanes, jefe de la Sección Pericias Informáticas de la Policía de Rosario, labró un acta burocrática en la que anota datos claves de una de las polémicas que sobrevuela la causa por el asesinato de Medina.

En el documento, al que tuvo acceso el diario digital Redacción Rosario, consta que Javier Echaniz y Martín Degrati, secretario y subsecretario de Tecnología del Ministerio de Gobierno, fueron enviados por el ministro de Seguridad Rául Lamberto el mismo día del asesinato, a los fines de que brinden colaboración en el desbloqueo del teléfono y la computadora de Medina.

El documento revela que los funcionarios “enviados” por Lamberto llegaron antes de que la policía realizara la correspondiente consulta con la Justicia para entregar los elementos de prueba a los funcionarios políticos del gobierno.

En el acta también se señala que a las 00.20 del día 30, horas después del crimen, se apersonó la fiscal de Cámaras María Eugenia Iribarren, quien consultó a la jueza Raquel Cosgaya, en ese entonces fugazmente a cargo de la causa, sobre cómo proceder con la notebook y el celular bloqueados. En el documento se afirma que Cosgaya, telefónicamente y a través de su secretario, autorizó a que las pruebas sean remitidas a la Secretaría de Tecnología del Ministerio de Gobierno para ser peritados. Luego la magistrada negaría haber dado esa autorización. “Dije que interviniera dentro de la policía quien tuviera aptitud para hacerlo. Pero nunca autoricé a un funcionario del Poder Ejecutivo”, aclaró.